Un largo camino de lucha contra la impunidad
El día jueves 5 de julio Jorge Rafaél Videla, Antonio
Vañek, Jorge “El Tigre” Acosta, Santiago Omar Rivero, Reynaldo Benito
Bignone, Víctor Gallo, Juan Antonio Azic, Jorge Luis Magnaco e Inés Susana
Colombo fueron condenados por ser parte del Plan Sistemático de
apropiación de menores que operó durante la última dictadura militar,
haciendo que más de 500 hijos e hijas de compañeros y compañeras que
fueron detenidxs-desaparecidxs hayan sido privados de su identidad, de su
historia y alejados de sus familias.
Durante casi dos décadas, mientras las leyes de obediencia
debida y punto final y luego los indultos dejaban en libertad a los
responsables de tanta sangre y tanta muerte, las causas por apropiación de
menores fueron la única vía mediante la cual sentar a los represores en el
banquillo de los acusados.
Fue el compromiso inquebrantable de los organismos de
derechos humanos y de cientos de organizaciones sociales y politicas que
nunca abandonamos nuestra lucha en la búsqueda de memoria, verdad y
justicia, que permitió que no sólo se los juzgue y condene, sino que se
reconozca lo que venimos denunciando hace años: en la dictadura no sólo
desaparecieron a compañeros y compañeras, sino que también se apropiaron
de sus hijos e hijas y de sus
identidades. Ahora la justicia también
dictaminó que no se trató de casos aislados, sino que hubo un Plan
Sistemático. Creyéndose dueños de la vida y la muerte, los milicos planificaron y llevaron adelante el robo de aproximadamente 500 niños y niñas quitándoles a sus familias, sus historias, sus identidades. Hoy, gracias a la búsqueda incansable de las abuelas, las madres, los hermanos y hermanas y los familiares, 105 de esos jóvenes saben quiénes son, quiénes fueron sus padres, por qué luchaban y qué mundo soñaban. Faltan recuperar a casi 400. Junto con sus familias, los seguimos buscando y no vamos a parar hasta que nos digan dónde están y hasta que además sean juzgados los responsables y cómplices civiles. Por estos días, nuestra Universidad tiene el desafío de renovar el compromiso con la verdad, la memoria y la justicia. Un grupo de genocidas solicitó estudiar en la UBA a través del Programa UBA XXII de educación en cárceles. Desde La Juntada ya hemos expresado nuestra posición tanto en el Consejo Directivo como en el Consejo Superior: los represores no son responsables de un delito cualquiera, son responsable de un delito de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptible. Además su accionar incluyó perseguir, asesinar y desaparecer a más de 1300 docentes y estudiantes de la UBA y desarticular a las universidades como centros de pensamiento crítico. Su intento de estudiar en ella es un nuevo ataque y un intento por perpetuar la impunidad de la que gozaron estos años en los que no manifestaron ningún interés por estudiar.
Por esto, desde La Juntada acompañamos el
pedido de los docentes, estudiantes y coordinadores de UBA XXII para que
el Consejo Superior de nuestra universidad rechace la inscripción de todos
aquellos procesados y condenados por delitos de lesa humanidad.
Como parte de las organizaciones populares que vamos caminando por las
huellas que nos dejaron los 30000 compañerxs, consideramos que la condena
del jueves pasado, la reapertura de las causas - como es el caso de la
unificación de las causas del apagón de Jujuy quyo juicio comienza en
pocos días- son el resultado del compromiso de todos estos años, de no
querer bajar los brazos, de negarnos a olvidar el pasado y de animarnos a
enfrentar a los represores mirándolos firmes a la cara y diciéndoles bien
fuerte que los 30000 compañerxs detenidxs-desaparecidxs estan
presente ahora y siempre! Devuelvan ya a los 400 nietos apropiados!!
Que ningún represor estudie en nuestra universidad!
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